Brasil es el país más grande de Sur América y cuenta con una población de 207,7 millones de habitantes. El país ha sido categorizado por el Banco Mundial como un país de ingresos medios-altos con un impresionante PIB de 1,796,186.59 millones de dólares americanos, convirtiéndolo así en la novena economía más grande del mundo, y representando aproximadamente la mitad de la economía de América Latina.

Brasil obtuvo el puesto 105 de 180 países en el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2018. Comparado con 2017 (puesto 96/180), esto marca un aumento significativo de la percepción de corrupción, lo cual resalta el reto que enfrenta el país frente a dicho flagelo. Los resultados del Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional de 2017 indican que la mayoría de los brasileños encuestados (83%) están de acuerdo con la seriedad del reto pero al mismo tiempo, otra mayoría de los encuestados (78%) sienten que el nivel de corrupción ha ido incrementando en los últimos 12 meses. Aunado a esto, alrededor del 74% de las personas encuestadas dijeron que es socialmente aceptado reportar algún caso de corrupción.

Brasil ha ratificado la Convención Anti-Sobornos de la OCDE, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada.

Además, Brasil es conocido por su fuerte marco jurídico apuntando hacia la prevención de la corrupción, especialmente en relación con algunas disposiciones contenidas en el Código Penal Brasileño. Adicionalmente, Brasil aprobó una ley anticorrupción (Ley anticorrupción 12846/2013), la cual hace a las empresas responsables por actos de corrupción cometidos en contra de la administración pública. Asimismo, en noviembre del 2017 el Decreto 9203 publicó que los Cuerpos Federales deben implementar robustos programas de compliance.

Conjuntamente, el gobierno de Brasil es uno de los cofundadores de la Open Government Partnership (Asociación de Gobierno Abierto), una iniciativa multilateral que apunta a asegurar los compromisos de los gobiernos para promover la transparencia y anticorrupción.

El Instituto Ethos es la organización líder en RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y es conocida por sensibilizar en temas de corrupción y sobornos en las confederaciones industriales en el Brasil. Junto con otras organizaciones, el Instituto Ethos lanzó el Pacto de Negocios por la Integridad y en contra de la Corrupción, el cual ha comprometido a más de 500 empresas para que acaten algunas directrices y procedimientos que apuntan a frenar la corrupción. La sección local de Transparencia Internacional, Transparência Internacional, maneja varios proyectos y funciones anti-corrupción, operando en una manera similar a la de un organismo consejero para instituciones gubernamentales o federales.

Los escándalos de corrupción en Brasil en el pasado han derivado en grandes protestas en el país que han recibido gran cobertura mediática, y que han hecho que también el sector privado se comprometa en prestarle mayor atención a los asuntos corporativos de transparencia e integridad.

La economía chilena ha avanzado considerablemente en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos acumulados en los últimos años. La demanda interna ha seguido ajustándose y la inflación ha disminuido, aunque sigue estando por encima del objetivo. Según el Banco Mundial el producto interior bruto (PIB) se redujo un 1% en el primer semestre de 2023, debido principalmente al efecto retardado de la contracción fiscal y monetaria de 2022 tras el gasto extraordinario de 2021. La tasa de desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales interanuales en junio de 2023.

La pobreza (menos de 6,85 dólares al día) se contrajo del 8,0% en 2020 al 4,8% en 2022. En 2022, la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, alcanzó el 0,43. Sin embargo, las privaciones en dimensiones no monetarias, como la salud y la seguridad social, aumentaron en comparación con 2020. Se proyecta que el PIB real se reducirá un 0,4% en 2023 y volverá a una tasa de crecimiento tendencial del 2% a medio plazo. Se estima que la pobreza aumentará en 0,4 puntos porcentuales, alcanzando el 5,2% en 2023, mientras que el coeficiente de Gini se mantendrá en 0,43.

En la lucha contra la corrupción, Chile ha tomado medidas significativas, incluyendo la creación de instituciones dedicadas a prevenir y combatir la corrupción. Estas instituciones trabajan en estrecha colaboración con el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

El marco normativo chileno también sanciona penalmente los actos de corrupción y establece responsabilidades administrativas para las personas jurídicas involucradas en corrupción, lavado de activos y otros delitos similares. En las dos últimas décadas, Chile se ha establecido como líder regional en transparencia y lucha contra la corrupción, ya que se ha comprometido a combatir la corrupción mediante leyes progresivas, políticas anticártel y esfuerzos para que los líderes políticos rindan cuentas.

Chile ha ratificado varios convenios internacionales relacionados con la lucha contra la corrupción, lo que demuestra su compromiso en esta área.

Chile se convirtió Chile, primer país sudamericano miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2010. Esta adhesión marcó un hito en el compromiso de Chile con políticas económicas y sociales sólidas y transparentes. La OCDE reconoció a Chile por sus esfuerzos en la promoción del crecimiento sostenible y la lucha contra la corrupción, lo que fortaleció la posición del país en el ámbito económico internacional. Desde entonces, Chile ha seguido trabajando en colaboración con la OCDE para mantener y mejorar sus estándares y políticas, contribuyendo al desarrollo y la estabilidad del país.

En Chile, diversas actividades relacionadas con la integridad y la lucha contra la corrupción se llevan a cabo mediante la cooperación entre el gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil. La transparencia y la integridad son elementos fundamentales en los esfuerzos por mejorar la gobernanza y promover un desarrollo sostenible.

Ecuador es el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado de América Latina. Atravesado por la línea ecuatorial y por la Cordillera de los Andes, Ecuador posee cuatro regiones: la selva amazónica, las montañas, la costa pacífico y las famosas Islas Galápagos, reconocidas por haber inspirado la teoría de la evolución de Charles Darwin.

La economía ecuatoriana ha presentado un sostenido crecimiento a partir de su dolarización en el año 2000. Hasta el 2014 fue uno de los países con mayor aumento de inversión pública y reducción de pobreza y desigualdad en la región. Es uno de los principales productores y exportadores de banano, camarón, flores y cacao del mundo, posee grandes reservas de recursos naturales no renovables y se ha caracterizado por un modelo exportador basado en gran medida en la exportación de materias primas y de petróleo.

En la actualidad, la baja en los precios del petróleo, la deuda pública y la pandemia del COVID-19 han afectado negativamente a la economía ecuatoriana; sin embargo, su impacto ha sido menor en relación a otras economías de América Latina. Es el país de la región que mayor financiamiento e inversión ha recibido de parte de socios bilaterales y multilaterales, así como de organismos internacionales de crédito durante la pandemia, orientando sus esfuerzos a fortalecer la confianza de los mercados internacionales así como a la reactivación económica y productiva a nivel local.

A partir del 2018, Ecuador ha mantenido una serie de negociaciones para ampliar su red de acuerdos comerciales: posee acuerdos vigentes con la Unión Europea, con el Reino Unido y a fines del 2020 firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos en primera fase. Es miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE y actualmente tramita su ingreso a la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú.

La corrupción es un fenómeno complejo, multicausal y estructural con altos niveles de percepción en el país. Por esta razón Ecuador ha promulgado una serie de regulaciones, normas y políticas en materia anticorrupción. Ecuador ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC).

Por pedido del Estado ecuatoriano y tras la firma de un acuerdo de cooperación entre la República del Ecuador y la República Federal de Alemania, la Cooperación Técnica Alemana GIZ ha iniciado la implementación del Programa Bilateral Ecuador SinCero que promueve la prevención de la corrupción, la transparencia y la participación ciudadana.

Como la segunda economía de América Latina y la nación de exportación más importante de la región, México desempeña un papel económico y político clave en América Latina y el Caribe. México es altamente atractivo para los inversionistas extranjeros con 33,930 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2016.

Sin embargo, la corrupción sigue siendo un riesgo importante para las empresas que operan en México. Los costos de realizar negocios en México son más altos que en otros países de la región y la falta de transparencia en el sistema judicial limita la competitividad del mercado. El poder judicial, la policía del país, y los procesos de registro empresarial a menudo se ven influenciados negativamente por la corrupción. La delincuencia organizada sigue siendo un factor muy problemático para las empresas, imponiendo grandes costos a las empresas. El cumplimiento de las normas de adquisición es errático y la corrupción es extensa, aún cuando las leyes cubren los conflictos de intereses, las licitaciones competitivas y los procedimientos de la lista negra de la empresa.

A pesar de un sólido marco legal, la corrupción está tipificada como delito en el Código Penal, la Ley de Responsabilidades del Funcionario Público Federal, la Ley Antilavado de Dinero, la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. La legislación anticorrupción de México aún no se ha aplicado efectivamente. No obstante, el país ha mostrado interés en combatir la corrupción, particularmente en los campos de las compras públicas, los procesos de monitoreo y en el sector de la salud.

Para reducir las oportunidades de corrupción, el gobierno mexicano presentó el sitio web de la Secretaría de Economía que ofrece información y formularios relacionados con la inversión y el comercio. Un portal en línea de compras federales, Compranet, pretende aumentar la transparencia en el gobierno y disminuir la frecuencia de los sobornos, y se creó una herramienta de debida diligencia de contratación pública especializada para las empresas en mitigar los riesgos de corrupción asociados con las compras en México. En 2016, la promulgación de las Reformas Constitucionales relacionadas con la lucha contra la corrupción dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) del país, que representa un paso histórico en la lucha del país contra la corrupción. El SNA es un organismo coordinador entre las autoridades federales y locales, que se encarga de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como el control de los recursos públicos (en el que los ciudadanos participan a través de un Comité). México ha adoptado las Normas de Transparencia sobre Contratación Pública de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). México ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y es signatario de la Convención contra el Soborno de la OCDE.

El gobierno estableció Tramitanet para permitir el procesamiento electrónico de transaccio-nes dentro de la burocracia y, de ese modo, reducir el riesgo de soborno. Organizaciones como Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina, el G20 junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están comprometidos en la lucha contra la corrupción. También existe una variedad de iniciativas de la sociedad civil, p. 'Torre de Control', la herramienta 'ContratoBook' de Citizens y 'Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad' (MCCI), así como la aplicación móvil 'Escudo Ciudadano'.

En las últimas dos décadas, el crecimiento económico de Paraguay ha sido impulsado por términos de intercambio favorables y políticas macroeconómicas sólidas, incluyendo reformas institucionales como el mecanismo de metas de inflación y la legislación de responsabilidad fiscal. Sin embargo, factores como condiciones climáticas adversas, bajo desempeño de socios comerciales y la pandemia de la COVID-19 han impactado el crecimiento, reduciendo el promedio anual del PIB del 4,4% (2003-2018) al 0,7% (2019-2022). Para el año 2024, se espera un avance en el proceso de recuperación económica, con un crecimiento estimado del 3,8%.

La tasa de pobreza, que alcanzó el 19%, regresó a niveles previos a la pandemia, pero la pobreza extrema aumentó del 4,1% (2021) al 5,2% (2022) debido a la sequía, la alta inflación (9,8%) y la reducción de asistencia económica a los más vulnerables relacionada con la pandemia. Para el periodo 2024-2025, se prevén expectativas de disminución, dependiendo de los precios mundiales de combustibles y alimentos.

A pesar de la estabilidad macroeconómica, Paraguay enfrenta desafíos. El Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial señala que, previo a la pandemia, un niño nacido en 2020 alcanzaría solo el 53% de su productividad potencial con pleno acceso a salud y educación, por debajo del promedio en la Región Latinoamericana. Además, su alta vulnerabilidad al cambio climático requiere cambios estructurales para aumentar la productividad y capacidad de recuperación, destacando la importancia de fortalecer la gobernanza, hacer cumplir regulaciones, invertir en capital humano e infraestructura, y generar ingresos internos de manera justa y eficiente.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, Paraguay ha obtenido 28 puntos, y se encuentra en la posición 136 de 180 países en el ranking, reflejando una percepción de corrupción muy alta entre sus habitantes nuevamente.

En los últimos cinco años, la percepción ciudadana de la corrupción en el sector público ha empeorado, acompañada de un descenso en el ranking internacional. La colaboración entre gobierno, cooperación internacional y sociedad civil en actividades relacionadas con la integridad y la lucha contra la corrupción sigue siendo fundamental para mejorar la gobernanza y promover el desarrollo sostenible en Paraguay. 

El Perú cuenta con una de las economías más importantes de Latinoamérica, y goza de una gran estabilidad macroeconómica. El país ha enfrentado grandes desafíos en los últimos años como los efectos de la pandemia y la incertidumbre política y social, pero ha logrado recuperar el crecimiento de su economía. El producto bruto interno (PBI) de Perú creció 2,7 por ciento en 2022, apoyándose en el dinamismo del consumo privado y las exportaciones. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, en 2023, se proyecta que el PBI crezca un 2,4 por ciento, impulsado por los sectores primarios y los servicios.

En general, el Banco Mundial señala que los fundamentos macroeconómicos de Perú continúan siendo sólidos. Señala que la deuda pública como porcentaje del PBI es baja, las reservas internacionales son considerables y el Banco Central encargado de la política monetaria, goza de gran confianza. Al mismo tiempo, la economía peruana se enfrenta a importantes desafíos estructurales como reducir la informalidad en el mercado laboral, que brinda empleo de baja productividad a tres cuartas partes de los trabajadores. Otro, es mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, como la educación, la salud y el abastecimiento de agua; así como combatir la corrupción. Superar estos desafíos es fundamental para impulsar el crecimiento a largo plazo y la reducción de la pobreza en el país.

Perú ha tomado diversas medidas para combatir la corrupción en los últimos años, como la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), un espacio de articulación y coordinación entre instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Su objetivo es proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

El Perú cuenta con un sólido marco normativo para prevenir la corrupción. En el año 2018 aprobó una norma que sanciona penalmente los actos de corrupción cometidos entre privados que afectan el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal entre empresas y una ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por corrupción, el delito de cohecho, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, tráfico de influencias y colusión. En ese mismo año, se creó la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Además, el Perú ha ratificado importantes convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Palermo contra la Delincuencia Transnacional Organizada, el Convenio Internacional para La Represión de la Financiación del Terrorismo, Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, entre otras. La ratificación de estas convenciones es una muestra de los esfuerzos que el país ha venido desarrollando en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional.

En materia de gobierno abierto, Perú ha sido un pionero en la región, al aprobar en el año 2002 la Ley de Transparencia y Acceso a la información y adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012, contando ya con cinco planes de gobierno abierto aprobados. Estos avances demuestran el compromiso del Perú por seguir promoviendo un gobierno abierto al servicio de la ciudadanía y se espera que se implementen nuevas iniciativas en el futuro.

El Perú adoptó en 2023 la Hoja de Ruta de acceso a la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE), luego de varios años de avances en reformas sustanciales para impulsar un desarrollo sostenible. Dicha Hoja de ruta incluye dentro de sus ejes la Integridad y la Lucha contra la corrupción.

En el Perú, las actividades de Alliance for Integrity son implementadas mediante un acuerdo con el proyecto “Construyendo Gobernanza con Integridad” liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros con el apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH, que tiene como objetivo fortalecer la gestión de las reformas administrativas a cargo de los tomadores de decisión del nivel central, asegurando una acción gubernamental íntegra y basada en evidencias. El proyecto “Construyendo Gobernanza con Integridad” brinda asistencia técnica a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría General de la República, entre otros socios, y establece relaciones de cooperación con el sector privado, la Academia y la sociedad civil.

Estudios internacionales que miden la corrupción ubican a América Latina en altos niveles de corrupción percibida. Por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2018 muestra que de los países en los cuales Alliance for Integrity está presente, solamente Uruguay y Chile han obtenido un puntaje por acima de 67 sobre 100, siendo 100 muy limpio y 0 altamente corrupto. Excepto Argentina el resto de los países (Brasil, Colombia, México, Paraguay) ni siquiera alcanzan 40 puntos.

Esto muestra que la corrupción en América Latina es un gran reto. Los niveles de corrupción y los mecanismos en marcha para afrontarla varían de país a país.

Sin embargo, recientes escándalos de corrupción en la región y el subsiguiente aumento de la sensibilización pública y la movilización que esto ha provocado, han conllevado a una mayor atención en torno a este flagelo por parte de gobiernos y del sector privado en toda la región. En algunos países, esto ha resultado ya en cambios legislativos y en la creación de organismos de control.